Hoy en día nadie duda de que el marketing online se ha convertido en una herramienta de gran utilidad para empresas con independencia de su tamaño y del sector de actividad en el que operan. Sin embargo, a la hora de lanzar la estrategia y los mensajes no hay que olvidarse de las normas legales para distribuir la información.
Y es que el envío masivo de mensajes con fines publicitarios o comerciales y que no son solicitados por los destinatarios es una práctica ilícita conocida como spam que, sobre todo, se utiliza a través de mensajes de texto a móviles, mensajes que se publican en foros o bien a través de e-mails y correos electrónicos entre otras posibilidades.
Una práctica, la del spam, que está prohibida. La Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) establece que el spam es una vulneración del derecho a la intimidad al verse afectados datos de carácter personal como direcciones de correo electrónico, lo que supone un incumplimiento de la legislación vigente en esta materia.
Además, la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI), también establece un marco legal que se aplica al spam en el que figuran algunas excepciones a la prohibición entre la que se halla las situaciones en las que exista una relación contractual previa entre el remitente y el destinatario, pero siempre que el prestador del servicio haya obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los utilice para comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de la empresa o bien sean similares a los que se hayan contratado con anterioridad o inicialmente.
No obstante, a pesar de estos marcos legales, el spam se utiliza de forma ilícita. Y es que la persona o responsable del marketing online al realizar envíos a multitud de destinatarios para remitirles información comercial o publicitaria debe tener en cuenta este marco legal y las obligaciones que establece la LOPD en materia de recogida, conservación, tratamiento… de datos personales.
En este sentido, cabe destacar que sobre todo se tienen que tener en cuenta derechos de los ciudadanos sobre sus datos de carácter personal entre los que se hallan el derecho a solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de carácter personal, del origen de los mismos y de la finalidad con la que se utilizan; el derecho a solicitar la rectificación de sus datos de carácter personal y el derecho a pedir la cancelación de dichos datos para que se borren de la base de datos de quien le remite esas comunicaciones. Un derecho este último que es fundamental para evitar el spam y que obliga a que las bases de datos se actualicen constantemente.
Y también hay que tener en cuenta las Listas Robinson, que son un servicio de exclusión publicitaria cuyo objetivo es reducir el uso de la publicidad no deseada y que permite que cualquier persona pueda inscribirse en ella si no quiere recibir publicidad no deseada de empresas con las que no mantenga o haya mantenido alguna relación comercial. Además, las empresas y entidades que utilizan este servicio se comprometen a consultar la lista para comprobar que no se les hace envíos a las personas que figuran en ella.